¿Pueden los cónyuges, inmediatamente antes de la disolución del matrimonio o incluso antes de la iniciar el procedimiento de divorcio, acordar por escrito los términos en los que pretenden repartirse los bienes comunes de la pareja y las deudas que pudieran existir?
El departamento de Derecho de Familia y Empresa Familiar de Belzuz Abogados se centra en este artículo en la importancia de redactar un contrato promisorio de división antes o al mismo tiempo que el procedimiento de divorcio y analiza su validez.
El contrato promisorio de división forma parte de la disposición general del contrato promisorio regulado en los artículos 410 y siguientes del Código Civil.
Sin embargo, en el caso de un contrato de división de los bienes comunes de una pareja, es necesario salvaguardar, bajo pena de nulidad, los principios que, durante el matrimonio, imponen la inmutabilidad del régimen patrimonial y la participación de cada cónyuge a partes iguales en el activo y el pasivo de los bienes comunes.
Al contraer matrimonio, los cónyuges pueden optar por el régimen de comunidad de bienes, el régimen general de comunidad, el régimen de separación de bienes o acordar cualquier otro régimen mediante la celebración de un acuerdo prenupcial. Si no dicen ni acuerdan nada, el régimen aplicado será el de gananciales. Sin embargo, una vez celebrado el matrimonio, salvo en los supuestos previstos en los artículos 1715, 1767 y 1773 del Código Civil, este régimen no puede modificarse, es decir, las partes no pueden optar por otro régimen. Esta regla constituye el llamado principio de inmutabilidad.
A su vez, el principio de participación igualitaria de cada cónyuge en el activo y pasivo de los bienes comunes implica que ninguno de los miembros de la pareja puede recibir una cuota excesiva mediante una promesa realizada antes de la extinción de la relación matrimonial.
Actualmente, tras divergencias de entendimiento en la jurisprudencia sobre la validez del contrato de promesa de participación en los bienes comunes de la pareja, se ha entendido que dicho contrato es válido, siempre que los efectos de la participación sólo se produzcan tras la disolución del matrimonio y que ninguno de los miembros de la pareja reciba una cuota excesiva mediante una promesa realizada antes de la extinción de la relación matrimonial.
Sin embargo, también es importante prestar atención a ciertos detalles a la hora de redactar este tipo de contrato, en particular la estipulación de la fecha de realización del contrato prometido y una cláusula de cumplimiento específica.
Someter el contrato promisorio a cumplimiento específico en caso de incumplimiento permite obtener una sentencia judicial que produzca los efectos de la declaración negocial de la parte incumplidora.
Dada la complejidad de la materia, es fundamental contar con una asesoría jurídica experimentada en Derecho de Familia, como Belzuz Abogados S.L.P. - Sucursal em Portugal, para garantizar un servicio más seguro y eficaz.
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